Al respecto, quizá el cálculo del primer mandatario fue primero dar prioridad a las reformas económicas en sus primeros tres años de gobierno. También supongo que al no lograrse este propósito, ya no digamos idealmente, sino al menos encaminado en función del proyecto inicial, se decidió entonces por la segunda opción: los cambios en el orden político. Queda, pues, pendiente la primera, en tanto la otra apenas se ha dado a conocer.

Es evidente, además, que ya no podía transcurrir más tiempo antes de que se propusiera esta reforma, pues de otro modo no se podría contar con el tiempo necesario para debatirla en el Legislativo, para después, en su caso, aprobarla y que pueda aplicarse antes del periodo electoral previo al 2012.

En gran medida, la iniciativa presentada el 15 de diciembre por el presidente, conformada por 10 puntos, recoge demandas de partidos y agrupaciones políticas y de la sociedad misma que datan de muchos años atrás, aunque algunas de las propuestas podrían considerarse más innovadoras. Entre las que se incluyen en la primera categoría están la elección consecutiva de alcaldes, jefes delegacionales y legisladores federales, con un límite de hasta 12 años; el aumento a 4% como mínimo de votos necesarios para que un partido conserve su registro y tenga acceso por ello al financiamiento público; la posibilidad de que los ciudadanos tengan la facultad de proponer iniciativas de ley; la autorización para que haya candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular, y que la Suprema Corte de Justicia pueda presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.

Por lo que corresponde al resto, cabe mencionar la reducción de 128 a 96 en el número de senadores y de 500 a 400 en el de diputados federales, con el fin de agilizar las decisiones en el Congreso y generar ahorros presupuestales; el establecimiento de una segunda vuelta para la elección de presidente de la República, y el otorgamiento de facultades al Ejecutivo para que pueda presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo de sesiones –las cuales tendrán que dictaminarse y votarse dentro de ese mismo periodo–, así como para emitir observaciones a proyectos de ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Estas dos últimas propuestas son de las más cuestionadas, pues se les considera estrategias para apuntalar el presidencialismo, lo que pudiera no ser deseable en nuestro país que durante décadas vivió la opresión de la figura de omnipotente Ejecutivo.

Pese a ello, la aprobación y aplicación de este paquete en su conjunto, con sus debidas modificaciones, sería un avance significativo, pues en nuestros días se registran vacíos y deficiencias con respecto al modelo democrático que pretendemos alcanzar.

En contrapartida, hay temas que el presidente omitió, pese a que se consideran cruciales para fortalecer la democracia mexicana. En primer lugar está la revocación de mandato, que tantas veces y en diferentes momentos diversas organizaciones civiles han demandado a la representación popular en el ámbito del legislativo como un recurso de los ciudadanos para enfrentar la ineficiencia, la corrupción y la impunidad que se ha dado con frecuencia en la historia contemporánea en los tres niveles de gobierno. Ya lo dicen varios analistas: no puede haber reelección sin revocación.

Otro punto esencial es avanzar en la democratización de los medios de comunicación para desplazar a las muy deleznables figuras del duopolio televisivo, que se ha constituido en poder fáctico que condiciona y retrasa los cambios urgentes que requiere el país. En esa medida, el tema rebasa los linderos de la comunicación social, al abarcar fuertes intereses tanto en el sector público –como pueden ser Pemex y la Comisión Federal de Electricidad–, como en el sector privado –llámese Telmex o Cemex– y hasta en el sector social, cuyos mejores ejemplos son el inamovible sindicato petrolero o el magisterial.

En todo caso, se avecina una intensa y a momentos quizá beligerante discusión en la Cámara de Diputados para analizar con detalle y de manera crítica este proyecto presidencial. Ahí, en el Legislativo, el proyecto seguramente se transformará e incluso hasta se podría enriquecer su contenido en beneficio de la democracia y la ciudadanía. Ojalá así sea.

Por ahora lo que queda claro es que el presidente Calderón, aunque con retraso, ya dio el primer paso, y lo hizo bien.

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