En aquellos días, México resultó también seriamente afectado, dada su dependencia de la economía del vecino del norte, pero entonces se nos dijo que aquí estábamos preparados, que había reservas suficientes para amortiguar tan drástico descenso, que el asunto no pasaba de un leve catarrito.
Sin embargo, resultó que el catarrito al poco tiempo ya parecía una preocupante gripe y luego una peligrosísima neumonía, que vendría a agravarse, ahora sí que en los linderos de la salud publica, con la inmovilizadora epidemia de influenza A/H1N1, que perjudicó sobre todo a los sectores restaurantero y turístico en todo el país.
La verdad es que toda esta historia más parece un engaño que una irresponsabilidad institucional, pues calculamos que se conocía desde un principio la profundidad y magnitud de esa crisis mundial y que muy probablemente aquí se intentó disimularla para no crear pánico social y evitar la reprobación generalizada al gobierno calderonista, aun cuando no fuera el único causante del alud económico.
Pero independientemente de la intencionalidad de estos anuncios que se fueron modificando, al final se impuso la verdad y apenas en estos días se reconoció que estamos inmersos en un terrible shock financiero –el mayor en los últimos 30 años, según el secretario de Hacienda, Agustín Carstens–, con el anuncio de un escalofriante déficit presupuestario de más de 300 mil millones de pesos.
Las medidas no se hicieron esperar y obligadamente las autoridades hacendarias procedieron a hacer drásticos recortes del presupuesto asignado prácticamente en todas las dependencias, de las que no se salvaron las entidades federativas, cuyo desplome presupuestal representó casi 45 mil millones, que limitan seriamente el cumplimiento de diversos proyectos, muchos de ellos prioritarios. Y junto a esta debacle, igualmente rigurosas fueron las disminuciones en secretarías como Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, entre otras, lo que inevitablemente afecta sus programas esenciales.
La crisis es de tal proporción que buena parte del recorte financiero se orienta a programas que poco antes se habían perfilado dentro del plan anticrisis, justamente para activar la economía; por ejemplo, la construcción de carreteras, que en buena medida ya fue suspendida. Y así en otros rubros estratégicos de la administración publica federal, estatal y municipal.
La inconformidad, aunque comedida, ha surgido ya en voz de algunos gobernadores y muchos presidentes municipales, que en este mes de agosto se han declarado insolventes. Y no son gratuitas sus protestas pues, según información proporcionada apenas el miércoles 19 por el propio secretario de Hacienda a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el monto de las participaciones pagadas a las entidades federativas entre enero y julio de este año resintió un desplome anual de 24.5% en términos reales.
Apenas recuperábamos el aliento después de conocer esos datos, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este jueves que el Producto Interno Bruto (PIB) anual del país tuvo una caída de 10.3% entre abril y junio, cifra sin precedentes –mayor aún que la registrada en la crisis de 1995–, que coloca a México entre los países con mayor descenso del PIB, sólo superado por Rusia, con 10.9%.
No dejan de percibirse algunas contradicciones –que tendrán que aclararse y cotejarse en lo que resta del presente año– entre lo que dice el presidente Calderón, quien asegura que ya pasó lo peor y vendrá la recuperación a partir del 2010, y el gris panorama que advierte su secretario de Hacienda, quien nos da a entender que el panorama económico es ominoso y la crisis se prolongará hasta el año próximo.
Y si bien es preciso asumir estos sacrificios económicos y sociales, como podría llegar a ser el retiro del subsidio al gas y a la gasolina, es indispensable e impostergable contar con un plan de emergencia que evite que nuestra economía agonice y e incluso nos conduzca hacia la desestabilización social.
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Divagaciones de la Manzana 
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