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Transparencia ¡ya!

Con la alternancia política y la desaparición de la figura presidencial todopoderosa de las décadas anteriores, empezaron a engendrarse poderes regionales encabezados y sostenidos por los gobernadores en turno.

Así, se han erigido feudos estatales apoyados por los propios partidos políticos que presionan a la federación para obtener mayores recursos, mismos que, como sabemos, con frecuencia se utilizan de manera discrecional. Es costumbre en las entidades federativas que no haya rendición de cuentas e incluso se sabe –aunque no siempre se denuncia– que el manejo del presupuesto suele asociarse con prácticas corruptas.

Por otra parte, hay vacíos en la normatividad hacendaria, de tal manera que junto a la obtención de los recursos públicos se añaden endeudamientos que pueden llegar a ser descomunales y que, de hecho, atan de manos a los gobernadores que comienzan su gestión y los obligan a aplazar, e incluso a cancelar, sus prioridades.

No han sido pocos los gobernadores que al inicio de su período constitucional se quejan de que sus antecesores no solo les dejaron una muy mermada partida presupuestal para garantizar la continuidad institucional, sino que además les legaron deudas que les impiden echar a andar sus planes de gobierno. Todo debido a los compromisos de pago que no se cubrieron en su momento o a que los mandatarios anteriores omitieron etiquetar los pagos programados para sus respectivos recursos.

Un caso que ejemplifica lo anterior es el escándalo que se ha suscitado en Coahuila por hechos ocurridos durante la gestión de Humberto Moreira. Nos enteramos de se requerirán 20 años para liquidar la deuda contraída por el ahora dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, se prevé que su hermano Rubén, como buen heredero de la gubernatura, haga lo necesario para cubrirle las espaldas y se teme que quien resultará perjudicada será la propia sociedad coahuilense, endeudada para los próximos lustros.

Ya el Partido Acción Nacional ha iniciado una denuncia contra el exgobernador, que seguramente tomará otros cauces formales. Incluso se ha pedido que algunos de quienes fueron sus colaboradores más cercanos (como Vicente Chaires, que de ser un funcionario menor en el gobierno de Coahuila pasó a convertirse en un adinerado empresario) devuelvan el dinero que presuntamente sustrajeron para la adquisición de diversos bienes y propiedades.

La cosa no es broma, pues se trata de una deuda que rebasa los treinta mil millones de pesos, más otros tantos miles de millones que tendrán que erogarse para el pago de intereses.

Humberto Moreira ha querido justificar los gastos realizados durante su periodo al señalar que ese dinero se empleó para crear infraestructura en la entidad; por ejemplo, para la construcción de casi 90 puentes. Sin embargo, diversos expertos señalan que el gasto en ese rubro no puedo haber sido mayor a seis mil millones de pesos. La diferencia entre una y otra cifra es abismal. Eso, sin contar los recursos que recibió del presupuesto regular. Argumenta también que la federación le regatea los recursos y que los que obtuvo resultaron insuficientes.

Sabemos que en estos temas se entrecruzan intereses de diferentes grupos políticos con miras a la elección presidencial del próximo año y que unos buscan denostar a los otros, pero la sociedad mexicana de nuestros días rechaza de modo contundente los reinados y principados, pues no van acordes con el desarrollo democrático que ha elegido. Menos aún tolera la falta de transparencia, oportunidad y honestidad.

Urge, pues, que en las más altas instancias de la nación se aclare el manejo de estos recursos públicos y los endeudamientos asociados, no solo en Coahuila, sino, como decía aquel viejo anuncio publicitario de los famosos sombreros de marca Tardán: “de Sonora a Yucatán”; es decir, a lo largo y ancho de la patria. Todavía con mayor razón si el partido tricolor pretende convencer a la ciudadanía de que se ha renovado y de que ya no consentirá esas desviaciones de políticos y funcionarios cobijados bajo sus siglas. Por tanto, el caso Moreira es un gran y grave pendiente, y a quien más debería interesarle analizarlo a fondo y llegar hasta sus últimas consecuencias es al precandidato puntero de ese partido, Enrique Peña Nieto, pues de lo contario podría llevarse alguna sorpresa en el 2012.

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