En su mayoría, estas imágenes son captadas por los propios jovencitos e intercambiadas de manera voluntaria, como un juego, sin que medie alguna reflexión sobre las posibles consecuencias de esas prácticas; por ejemplo, que caigan en manos de pederastas o delincuentes involucrados en la pornografía infantil. Además, ya se han dado casos de imágenes grabadas en contra de la voluntad de quienes aparecen en ellas, lo cual implica un acto de agresión.

Así, empiezan a aparecer en las pantallas imágenes con  contenidos sexuales, a veces de personas del propio círculo de amistades o compañeras de escuela totalmente desnudas, evidentemente contra su propia voluntad.

El asunto se agrava cuando va asociado con prácticas delincuenciales, como le ocurrió recientemente a una estudiante de preparatoria que asistió a una fiesta invitada por sus compañeros de clase, se embriagó, perdió el conocimiento y fue violada por siete de ellos. La jovencita no recordaba lo que le había ocurrido hasta que una de sus amigas le informó que en la escuela estaba circulando un video en el que aparecía con varios muchachos que abusaban sexualmente de ella. La víctima, por fortuna, tomó la valiente decisión de presentar una demanda penal contra sus agresores. Los violadores fueron ya detenidos y esperamos que reciban penas que los recluyan largo tiempo en la cárcel o en centros de readaptación, pues cinco de ellos son menores de edad.

Pero más allá de estos dolorosos hechos –y otros similares que pueden haberse registrado y no se han divulgado–, estamos a tiempo de establecer una serie de estrategias y acciones que sancionen y castiguen tales ilícitos. Por eso, varias organizaciones no gubernamentales reaccionaron de inmediato para exigir a las autoridades y a los legisladores, en particular a la Asamblea del Distrito Federal, que hagan una revisión de los ordenamientos legales con miras a introducir reformas y adiciones que regulen tan preocupante fenómeno en el ámbito de la comunicación social.

Los organismos que se vinculan a campañas contra la violencia intrafamiliar y a favor de los derechos de la mujer, han recomendado que se establezcan duras sanciones a quienes transmitan estos mensajes, que bien pueden tipificarse como de pornografía infantil. Además, se pide que quede claramente asentado en la ley que es ilegal usar imágenes de otras personas sin su consentimiento, y que con este tipo de prácticas se violan los derechos humanos y el delito pudiera considerarse también como daño moral.

Porque las ciudadanas y los ciudadanos no podemos quedarnos cruzados de brazos y simplemente consentir o acostumbrarnos a este tipo de mensajes, ya sea que se transmitan a través de los teléfonos celulares, por la Internet o por cualquier otro medio. Debemos oponernos drásticamente a estas prácticas tan lesivas a la dignidad humana, pues de otra manera nos convertiremos en cómplices de un mal social y hasta podríamos caer en acciones ilegales.

Urge que los legisladores –es decir, los diputados locales de nuestra ciudad capital– formulen a la brevedad una iniciativa de ley en este ámbito, que con seguridad será respaldada por todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, a fin de que se corten de tajo estas vilezas o, en su defecto, remitir a la cárcel a quienes las promuevan o ejerzan.

Al margen de esas medidas legales necesarias, es preciso educar más y mejor en materia sexual a nuestra población joven, así como impulsar campañas preventivas del delito.

En todo caso, tenemos que mantenernos pendientes y ejercer presión para que esa ley se instaure y tenga vigencia este mismo año, en bien de las mujeres, especialmente las menores de edad.

Queda claro que no podemos seguir así. Urge aplicar una visión de carácter integral, pero ¡ya!

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