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Sinsabores ciudadanos

Una vez que el gobierno federal dio a conocer su propuesta, ésta resultó inaceptable para muchos, pues se centraba en el cobro de un 2% adicional e indiscriminado.

Tanto el PRI como el PRD fijaron su postura y coincidieron en que la iniciativa, como se había presentado, era inadmisible, pues se trataba, en efecto, de un incremento disfrazado al IVA.

Y, el colmo, hasta algunos panistas se atrevieron a declarar públicamente que ese impuesto había nacido muerto.

Todavía hubo un intento de justificar ese incremento de impuestos con el argumento de que se etiquetaría para programas sociales que aliviaran los graves indicadores de pobreza en México, lo cual tampoco resultó creíble. Lo hemos confirmado en estos días, cuando ya se habla más de cómo repartir y gastar el Presupuesto de Egresos de la Federación, que de las susodichas acciones contra la pauperización de la economía de más de la mitad de la población nacional.

A fin de cuentas, todo parece indicar que se pactó entre PRI y PAN que el aumento será de 1%, a la vez que se impondrá toda una cauda fiscal que había permanecido encubierta y lejana del conocimiento público.

Pero el calvario o viacrucis tenía otras estaciones más, que han convertido este asunto del más alto interés nacional en mero circo, maroma y teatro: desde los fantoches del PT con sus tomas de tribuna, hasta las patéticas declaraciones del líder del PAN, César Nava, quien busca culpar al PRI, cuando resultó patente la grotesca complicidad entre ambos partidos para tratar de sacar dicha miscelánea fiscal, seguramente a partir de un vergonzoso pacto que a cambio del voto aprobatorio del tricolor obligue a la Federación a ceder más recursos a los gobernadores priistas. Además, como sabemos, no existe aún la transparencia necesaria en el manejo de los recursos públicos por parte de las entidades federativas, que suelen rendir cuentas cuando lo deciden y como se les antoja, y eso, si así lo desean.

En este tejido de ineficiencias, desorden y cinismo, ahora está pendiente la respuesta del Senado. Durante toda la semana se especuló acerca de la probable decisión de cambiar casi en su totalidad los mecanismos tributarios, y no porque los miembros de la llamada Cámara Alta sean más conscientes y responsables que los diputados, sino porque se alarmaron por las airadas reacciones de la sociedad y de los grupos más disímbolos –lo mismo sindicatos que universidades y grupos empresariales–, que coincidieron en señalar excesos y desatinos de la minuta aprobada por los diputados. Se habló, por ejemplo, de reconsiderar el monto del IVA y del aumento del impuesto sobre la renta. Y, así, una por una se han ido revisando las adiciones aprobadas en la Cámara de Diputados.

Pronto sabremos si los senadores de verdad tuvieron el valor de modificar la minuta que les enviaron los diputados o fue sólo una llamarada de petate y dejaron todo prácticamente igual. Pero aún queda otro tramo, una vez que devuelvan el proyecto de Ley de Ingresos a San Lázaro para su discusión y decisión final, lo cual podría incluso derivar en una confrontación entre las Cámaras en el seno del Congreso de la Unión.

El PRI había anunciado que no votaría a favor del aumento de impuestos, a pesar de que el PAN insistía en que habían sido los propios priistas quienes propusieron los incrementos fiscales. Se decía, entonces, que el Revolucionario Institucional estaba decidido a dejar que el partido en el poder pagara por completo los costos políticos y sociales de su decisión, o bien, a vender caro su apoyo a los panistas en el Congreso.

A la postre, parece que todo quedará en pura faramalla y las negociaciones del PAN con el PRI lograrán que se apruebe en lo sustancial la, para muchos, injusta alza de impuestos, que perjudicará a quienes menos tienen y dejará en situación privilegiada a los grandes empresarios.

Lo más preocupante es que a los ciudadanos nos han mantenido ayunos de información, al margen de sus negociaciones, pues otra de las grandes verdades que se han vuelto ostensibles en la realidad nacional es el hecho de que los llamados “representantes populares”, salvo contadas excepciones, se han sometido a los designios de sus coordinadores parlamentarios, que aprobaron sin miramientos esta Ley de Ingresos en lo general, lejos, muy lejos de los intereses de la ciudadanía y de las determinaciones que pudieran impulsar a nuestro país hacia a una recuperación más pronta en el marco de la crisis mundial, como ha ocurrido en otros países de nuestro continente y de diversas latitudes.

Por eso, se requiere que, sin dilación, ciudadanas y ciudadanos encontremos las vías para la participación social en estas decisiones y que con inteligencia y de manera pacífica se reviertan, e incluso sustituyan, las propuestas de quienes han dejado de representarnos.

No bastará, entonces, como en otros casos recientes, con postergar enojos y desacuerdos con los partidos políticos hasta que lleguen las próximas elecciones del 2012. Hay que actuar ya, pues, como se ha comprobado en muy diversos casos, frente a las urnas suele reinar la desmemoria de tanto agravio o el conformismo que conduce lo mismo al voto mecánico que al abstencionismo impotente. Es urgente cambiar esa situación y alentar la participación de todos y todas en estas decisiones tan relevantes para el futuro del país.

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