| SIEMPRE CON ELLOS |
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En particular, el odio racial contra los latinos, sobre todo mexicanos, es ya habitual en la Unión Americana. Ahora tocó el turno a Arizona, que ha puesto en marcha medidas extremas, de verdad discriminatorias contra los inmigrantes, con el agravante de que en este caso la persecución se asocia con sanciones penales. La controvertida Ley SB1070, promulgada hace unos días por la gobernadora Jan Brewer, criminaliza a los indocumentados en Arizona y deja las puertas abiertas a la policía local para actuar a su libre arbitrio y detener a toda persona que les “parezca” un inmigrante indocumentado, con base en la muy cuestionable figura de la “sospecha razonable”. El asunto es digno de alarma, pues desde tiempo atrás, sin necesidad de una legislación tan agresiva, el trato que se da allá al migrante no es digno de un ser humano que busca trabajo o que ya labora en esas tierras y contribuye a su economía. Las reacciones a la racista ley no se hicieron esperar; tanto México como diversos organismos internacionales la han reprobado. Incluso el presidente Barack Obama ha expresado que se opone a tales medidas. Esta postura, si bien resulta plausible, no es suficiente, pues la ley de Arizona, de cualquier manera, continúa su camino y, al parecer, pronto entrará en vigor. Más eficaz sería formalizar la gran reforma migratoria ofrecida por el presidente estadounidense y que aún sigue pendiente, aunque, como el propio mandatario reconoce, no será fácil consolidarla mientras no se cuente con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso . Por cierto, debemos reconocer la valiente y solidaria posición del ex presidente William Clinton a favor de los migrantes mexicanos, así como la de su esposa, la secretaria de Estado, Hillary Clinton. A su vez, la comunidad mexicano-estadounidense y otros grupos de latinos han iniciado una serie de movilizaciones y protestas que ya llegaron a las puertas de la Casa Blanca en Washington. En nuestro territorio existe ya una amplia convocatoria nacional para que nadie viaje a esa entidad estadounidense ni compre sus productos; de hecho, ojalá se lograra establecer un boicot absoluto en nuestro país. Como en muchas otras ocasiones, nuestra Universidad Nacional ha dado el ejemplo: hace unos días canceló su programa de intercambio de verano con la Universidad de Arizona. De aquel lado de la frontera, ya diversas organizaciones, sindicatos y grupos comunitarios están promoviendo un boicot contra Arizona: llaman a no viajar a ese estado ni comprar sus productos ni celebrar ahí convenciones, conferencias o cualquier otro tipo de reuniones. También están convocando a una jornada de desobediencia civil, a fines de mayo, que podría alcanzar grandes dimensiones. El trato que se da en Arizona a nuestros compatriotas, incluso antes de que la fascista ley entre en vigor, no sólo es violatorio a los más elementales acuerdos internacionales de derechos humanos –de hecho, varios especialistas en leyes aseguran que viola la propia Constitución de Estados Unidos–, sino que resulta absurdo, pues nadie ignora que la mano de obra mexicana representa una importante fuerza de trabajo de bajo costo, por lo que termina por subsidiar a la propia economía estadounidense. La situación es crítica y no es momento de tibiezas. Tenemos que estar con nuestros compatriotas hasta las últimas consecuencias legales y políticas. Eso no debe impedir que, a la vez, veamos críticamente lo que pasa dentro de nuestras fronteras: el lamentable subdesarrollo económico, la pobreza, el desempleo y la incapacidad de ofrecer oportunidades laborales a todas y todos los mexicanos, por lo que muchos optan por la difícil decisión de migrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a todos los riesgos y humillaciones, que cada día son mayores y más graves.
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