| Otra vez Chihuahua |
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Se ha dicho que la mayoría de las pérdidas humanas en ese municipio chihuahuense corresponden a miembros de los carteles de la droga, producto de sus rencillas por el dominio del mercado en esa actividad ilegal, que los lleva a enfrentamientos y ejecuciones. No debemos soslayar, sin embargo, que en esta cruenta guerra entre bandas también mueren inocentes en número creciente, incluidos hombres, mujeres y niños. Las cifras varían dependiendo de la fuente, pero en cualquier caso son impresionantes: alrededor de 3 000 ejecuciones se registraron en Juárez durante 2009. Por desgracia, parece que ese récord se superará en 2010, pues en lo que va del año ya suman decenas los ejecutados. Lo cierto es que toda la región subsiste un clima de tensión social, lo que conduce al desánimo de las inversiones, al desempleo y, en general, a un prolongado decaimiento de la economía. Se sabe que miles de negocios, grandes y pequeños, han cerrado sus puertas ante el acoso de los delincuentes, que amenazan y chantajean a los empresarios para venderles protección. Ante esa dramática situación, el gobierno de la entidad intentó dar un golpe de timón con la propuesta de trasladar a Ciudad Juárez la sede oficial de los poderes estatales. Para muchos, se trató sobre todo de un acto publicitario, el último recurso que le quedaba al gobernador ante la decepción, el desencanto y, sobre todo, el rechazo generalizado de todos los sectores contra el propio ejecutivo estatal y también contra el alcalde juarense, quien frente al ascenso del crimen en su municipio no ha tenido mejor ocurrencia que cambiar su propia residencia a El Paso, Texas. De manera un tanto tardía, y luego de las críticas en diversos medios por su falta de solidaridad con los padres de los jóvenes asesinados, acudió a Ciudad Juárez el presidente Calderón con parte de su gabinete. Para su visita inicial se montó un escenario de consulta popular con discursos y múltiples promesas de que “ahora sí” se harán grandes esfuerzos y se lograrán resultados frente a tan compleja y terrible realidad. El miércoles 17, el presidente Calderón realizó una segunda visita a Ciudad Juárez para poner en marcha sus programas contra la inseguridad. Sin embargo, la noticia sobre las medidas anunciadas por el primer mandatario fue opacada por la nota roja, pues ese mismo día fueron asesinadas 12 personas en el estado de Chihuahua, entre ellas, el alcalde de Guadalupe y Calvo. En ese contexto de violencia e impunidad, no sorprende que la percepción social prevaleciente sobre el compromiso tanto de la Federación como del gobierno estatal sea, por una parte, de escepticismo, y por otra, prácticamente de un ultimátum ciudadano. Habrá que decantar con sensibilidad las propuestas de los juarenses vertidas en los días recientes, que si bien son coincidentes en lo esencial, no dejan de tener matices y visiones encontradas, de manera especial en relación con la presencia y proceder del ejército en las calles. Veremos muy pronto si las propuestas del plan calderonista empiezan a aplicarse y son suficientes, y si éstas cuentan con el respaldo del gobierno estatal, o seguirá cada quien por su lado, medrando con la crisis para obtener posicionamientos electorales y, peor aún, con desplantes electoreros y evidente irresponsabilidad, omisión e ineficacia. Sin embargo, la paciencia ciudadana está llegando a su límite, de tal manera que las autoridades no deberán sorprenderse si se inician procedimientos para fincarles responsabilidades administrativas y judiciales por su negligencia. Queda muy claro que no se trata ya de por quién votar, sino de una exigencia social y política unánime que podría desembocar en la solicitud de la desaparición de poderes, y que sea el propio pueblo el que encabece la lucha contra la delincuencia. Pronto, muy pronto, comprobaremos hacia dónde apunta el destino de los juarenses y, con ellos, el de todos los mexicanos.
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