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No más pobres, por favor

Por aquellos días la pobreza afectaba a grandes sectores de la población, al grado de que 70% de los mexicanos se mantenía en condiciones casi de supervivencia. Lo mismo ocurría con la educación, que era privilegio sólo para unos cuantos, mientras la mayor parte de los habitantes del país permanecían analfabetas.

En el plano político se habían restringido las libertades individuales y colectivas bajo un sistema represivo, con una gran cantidad de presos político y un cruel sistema carcelario.

En su conjunto, tales factores, junto a otros más, detonaron un levantamiento popular que derivó en el gran movimiento social de 1910. Vienen a propósito estas remembranzas para recordar cuán importante es la economía y de qué manera las condiciones materiales llegan a influir en la estabilidad y la gobernabilidad de un pueblo.

Hoy, por ejemplo, se nos informa que el país tiene cinco millones de pobres más que sólo dos años atrás, con lo cual casi la mitad la población vive (sobrevive) en situación de pobreza patrimonial. Esto nos lleva al horrendo, indignante y vergonzoso dato de que más de cincuenta millones de mexicanos carecen de los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público. Lo peor es que, de ellos, 19.5 millones viven en pobreza alimentaria, eufemismo técnico para decir que todos esos compatriotas no logran reunir los ingresos suficientes para comprar sus alimentos básicos. Estos alarmantes datos fueron revelados hace unos días por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido por sus siglas Coneval.

Sabemos que, por una parte, hemos heredado de gobiernos anteriores estos índices de marginalidad social y económica, mismos que se han agudizado por causas externas, como la que en nuestros días afecta a casi todos los países por la crisis mundial que se originó con el desplome de la economía estadounidense.

Sin embargo, más allá de causas y diagnósticos es preciso ir a las acciones de gobierno para atenuar y contener estos fenómenos e incluso, en el plazo más corto posible, revertirlos.

Y es ahí donde tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades federativas han mostrado insensibilidad y negligencia, de tal manera que no están a la vista los programas institucionales que realmente urgen ni se percibe eficacia en los que ya existen.

Queda también muy claro que las acciones públicas que hasta ahora se han aplicado no son ni las suficientes ni las requeridas, como lo demuestra, sin lugar a dudas, la lacerante realidad de millones de mexicanos que no sólo han padecido pobreza por décadas, sino que ven cada vez más mermadas sus condiciones de vida. Además, los sectores que subsisten en la pobreza se están incrementando de modo alarmante con la pérdida de empleos, la disminución de remesas en dólares procedentes de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, las deficiencias en materia de capacitación especializada, la falta de inversiones y la inflación.

Un dato también preocupante es que ha aumentado el gasto en alimentación en relación con el ingreso que perciben trabajadores y empleados, al punto que en muchos casos el presupuesto destinado a la comida casi alcanza 60% de los ingresos totales de las familias.

A este panorama tan negativo se suma una grave e irritante contradicción: mientras los más pobres ven empeorar día con día su situación, los más ricos cada vez concentran mayor riqueza en menos manos.

Cruzamos, pues, por una época que no sólo es adversa al desarrollo económico del país, sino que se muestra sumamente riesgosa y delicada, porque además mantener una situación gravemente injusta, podría (ojala jamás ocurra) resultar explosiva.

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