Ya que hablamos de la entidad michoacana, baste recordar las detenciones que se hicieron en mayo de 2009 en varios municipios de esa entidad, así como en la estructura del mediocre gobierno de Leonel Godoy, que fueron del conocimiento de un gran segmento de la opinión pública. Ésta, por cierto, ya juzgó por sí misma en torno a esas vinculaciones entre políticos y narcotraficantes.

El caso puso en evidencia a las instancias coordinadoras de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, que ocultaron a Julio César Godoy en sus instalaciones a fin de que tomara posesión de su cargo como diputado y así obtuviera el fuero que le permitiera burlar a la justicia. Esto hace ver a los perredistas ante la ciudadanía como sospechosos o cómplices.

Ni duda cabe de que desperdiciaron una extraordinaria oportunidad de demostrar ética, imparcialidad y una inequívoca postura contra las actividades criminales.

El partido político al que todavía pertenecen los Godoy adoptó, como de costumbre, una posición tibia, ambivalente e irresponsable frente a la sociedad mexicana que esperaba –y quizá aún espere en el plazo más inmediato– pronunciamientos mayores, aleccionadores e inconfundibles que lo deslinden de todo acto de corrupción e impunidad, y ni hablar de asociaciones con la delincuencia. De no ser así (y el plazo está por cumplirse) el daño será tan grande que se verá reflejado en los resultados electorales del 2012, así como en los comicios previos, por ejemplo, en el Estado de México y Guerrero.

A la vez, resulta evidente la incapacidad de algunas autoridades federales que no pudieron comprobar con suficiencia las acusaciones que hicieron a un puñado de presidentes municipales michoacanos, quienes ahora están en libertad. Señaladamente, habrá que revisar el trabajo de la Procuraduría General de la República, que culpó al juez que valoró las pruebas aportadas, de tal manera que si vuelve a errar con Godoy, se ocasionarán graves daños a la credibilidad, que afectarán el ánimo social. Y de ocurrir una nueva falla, no sólo se aludirá a incapacidades, sino a la impunidad de quienes cometen serios ilícitos y aun así continúan cobrando un jugoso sueldo en las instituciones, como lo hace Godoy Toscano en el la Cámara de Diputados.

A la vista está ya un torrente de pruebas que nos hacen sospechar su culpabilidad, de tal manera que por fin sabremos si la Procuraduría sabe o no investigar y probar, o si en los juzgados cometen corruptelas y complicidades de tal magnitud en el plano de la narcopolítica, o si Julio César Godoy sigue con su fársica sonrisa, que alcanza perniciosamente tanto a sus pasmados correligionarios como al desprestigio de los poderes Legislativo y Judicial.

Sólo queda una jugada decisoria: la renuncia del diputado Godoy para que deje de ensuciar a su partido y al Poder Legislativo. Esto no le garantiza salir exonerado, pero por lo menos lo haría recuperar un poquito de dignidad.

Ya veremos.

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