Más recursos y más fiscalización para nuestras universidades

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A propósito, de nueva cuenta se elevó la voz de quienes dirigen las instituciones educativas de enseñanza media y superior más relevantes del país. En el XXIII Congreso de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, que se celebró hace unos días en la ciudad de Mérida, se reiteró la exigencia unánime de que el Poder Legislativo incremente de manera significativa la partida presupuestal destinada a las universidades. Se recordó ahí que aun cuando la Ley de Ciencia y Tecnología establece que se debe asignar a ese sector el 1% del Producto Interno Bruto del país, en la realidad apenas se le destina el 0.4%.

Incluso se convocó a un pacto nacional por la educación que impulse el desarrollo de México. La Declaración Mérida a favor de la ciencia, la educación superior de calidad y la innovación se suscribió como un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales a invertir los recursos necesarios para desarrollar la ciencia y la tecnología en México.

En la capital yucateca, tanto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora del Instituto Politécnico Nacional; el doctor Enrique Villa Rivera, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidieron no sólo en la necesidad de contar con mayores recursos para la ciencia y la tecnología, sino en la importancia de reforzar las vías para la investigación, la capacitación de maestros y la capacidad de admisión de más jóvenes que aspiran a ingresar a estos centros educativos. Además, se hizo un exhorto al sector empresarial para que se vincule de manera más estrecha con las instituciones de educación superior con objeto de mejorar la competitividad del país.

Por su parte, ante el clima de violencia e inseguridad que priva en el país, y del cual no se libran las comunidades universitarias, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) elaboró y dio a conocer su Manual de seguridad destinado a prevenir y atender la violencia generada por el narcotráfico, robos, secuestros, asesinatos, narcomenudeo y abuso sexual en el sector universitario.

El documento, destinado a los tres y medio millones de estudiantes de licenciatura y posgrado en todo el país, busca volver a tener espacios seguros, cordiales, dinámicos y respetuosos para el desarrollo de las actividades académicas. En su elaboración participaron tanto rectores como especialistas en seguridad de diversas universidades del país; además, contó con las aportaciones de la Secretaría de Seguridad Pública federal. El Manual de seguridad fue aprobado por las 150 instituciones que integran la ANUIES durante la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

Entre las medidas que promueve para combatir la inseguridad están la instalación de cámaras de vigilancia, la construcción de bardas, la desaparición de bares y antros cercanos a los campus universitarios, así como otras acciones preventivas del delito, como la creación de bancos de información de grupos delincuenciales, y hasta la posible aplicación de exámenes antidoping, aunque los autores dejaron muy claro que no se trata de imponer medidas policiacas sino, en todo caso, de protección a la comunidad académica, estudiantil y laboral.

Hace pocos días también nos enteramos de la denuncia valiente y demoledora de la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Esther Orozco, quien dio a conocer el desastre académico y organizacional que prevalece en esta institución fundada hace apenas diez años. Además, acusó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de intromisión en los asuntos universitarios, pues ha alentado proyectos y propuestas que pueden mermar la autonomía de esta casa de estudios, que incluso no son del conocimiento de la propia comunidad universitaria. La postura responsable y congruente de la rectora Orozco fue criticada por miembros del Consejo Universitario de la propia institución, que al parecer prefieren cerrar los ojos ante la realidad y promover la mediocridad académica y administrativa en lugar de analizar y enfrentar sus debilidades para estar en condiciones de promover sus fortalezas.

En fin, en medio de esta serie de informaciones acerca de nuestras instituciones de educación superior ya es un clamor nacional el que nuestras universidades consigan mayores recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si bien nos sumamos a esa petición, con la que estamos plenamente de acuerdo para que mejore cuantitativa y cualitativamente la educación superior en nuestro país, también consideramos, como la mayor parte de la ciudadanía, que tales recursos provenientes del pago de nuestros impuestos se deben aplicar con absoluta transparencia y eficiencia, por lo que de entrada aplaudimos y respaldamos la autocrítica, tan indispensable como provechosa.

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