Por una parte, la engañosa actuación de algunos legisladores y sedicentes demócratas que se pronunciaron en contra de tal disposición, pues sabemos que algunos de ellos responden a intereses de otros grupo económicos que ambicionan mantener la exclusividad y los privilegios en aras de su expansión e incremento de poder. Es evidente que varios de esos críticos forman parte de las ligas de la élite del poder económico, para las cuales parecen trabajar abierta o veladamente en lugar de defender los intereses de la sociedad mexicana que está mucho más allá de su hábil y acotada retórica, que incluso se extremó risiblemente con la consigna de llevar a juicio político al secretario de Estado.

Más allá de que algunos cuestionamientos de los legisladores y otros críticos de esa medida pudieran tener fundamentos, lo cierto es que el trabajo legislativo debería centrarse sobre todo en nuevos modelos que amplíen la participación social en los medios, bien sea en propiedad con un sistema accionario de corte democrático, o a través de canalizar mayores recursos a la televisión pública, así como modificando sus mecanismos para contrarrestar las unilateralidad y el abrumador control de los gobiernos en turno, sea del orden federal o estatal. Asimismo, deberían abrirse opciones legales para que se uniformen los derechos y prerrogativas de concesionarias y permisionarias y, en fin, impulsar muchas otras formas de equidad y mejoramiento en los medios de comunicación electrónicos.

La discusión se tensó ahora debido a que la asignación de estas frecuencias benefició a Televisa, hecho prácticamente consumado –a pesar de los recursos legales que se han interpuesto en su contra–, lo que aumenta su ya de por sí casi omnímoda presencia.

El secretario Juan Molinar Horcasitas argumentó que ahora la competitividad es mayor y se equilibrará más la presencia en el mercado de los grupos constituidos, entre los que Telmex mantiene el predominio con 52% y el resto se distribuirá entre Iusacell- Unefon, Telefónica y Nextel-Televisa. Asimismo, trató de aclarar los montos por medio de los cuales se pactó esta transferencia, pues ese es uno de los principales puntos cuestionados por los críticos de la asignación, quienes consideran que el gobierno federal le regaló a Televisa y Nextel casi cinco mil millones de pesos. En cualquier caso, esas cifras tendrán que transparentarse y sustentarse para dispar dudas.

Desde luego, es también evidente que a excepción de Televisa estas firmas no tienen acceso a la televisión, cuyo único gran competidor es TV Azteca, situación que debe transformarse a través de alentar una mayor competencia. Pero, como decíamos antes, con una visión diferente a la que sostienen algunos de los representantes populares, pues no se trata de quitarles su porción a unos cuantos poderosos para dársela a otros cuantos poderosos, sino de combinar la presencia de grupos diversos para estimular la verdadera competencia en beneficio de los consumidores. En especial, a través de privilegiar los contenidos que favorezcan en primera instancia la educación y la cultura, así como el derecho a la información, además de un divertimento formativo. Todo en conjunto, con un sentido plural y democrático.

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