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La industria eléctrica en México

Sin embargo, pronto entraría en crisis ese desarrollo incipiente de un sector que estaba acaparado por empresas particulares, extranjeras en su mayoría, las cuales no atendían de manera satisfactoria las necesidades del país, debido a su cobertura limitada (apenas la mitad de la población), además de sus tarifas desproporcionadas y sus múltiples deficiencias en el suministro eléctrico.

Por eso, el gobierno cardenista decidió crear la Comisión Federal de Electricidad, aunque no fue sino hasta 1939 cuando se expidió la Ley de la Industria Eléctrica. Pero ya en 1960, durante la administración de Adolfo López Mateos, se impulsó la nacionalización de las empresas del sector, aun cuando años después se disolvieron las compañías que operaban en diversas regiones, principalmente la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que 20 años después se transformaría en un organismo descentralizado.

Con estos antecedentes llegamos a la noche del pasado sábado 10 de octubre, cuando se anunció –y ejecutó– la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar Luz y Fuerza del Centro, aprovechando la disputa entre dos grupos del Sindicato Mexicano de Electricistas por la titularidad del contrato colectivo del trabajo.

La medida, que no deja de ser controversial, se preveía a partir de la pugna que se desató entre el secretario del Trabajo y quien estaba al frente de la agrupación sindical, Martín Esparza, secretario general que pretendía alargar su mandato.

Diversos analistas advertían sobre ello y ahora los hechos comprueban que, efectivamente, en realidad ése era el objetivo gubernamental: cerrar la empresa y acabar con el sindicato, y no la mayor o menor pulcritud de las elecciones que en fecha reciente habían celebrado los trabajadores de ese organismo, de las cuales derivaron serias desavenencias y acusaciones mutuas de fraude.

Es evidente que más allá de tales conflictos, enfrentamientos y querellas de tipo sindical, la empresa estaba en quiebra desde hace mucho tiempo, no era rentable y dependía de subsidios muy elevados a cargo de nuestros impuestos. Se trata de una corporación que venía operando con muy bajos rendimientos y un desproporcionado paquete de prestaciones que, por ejemplo, había generado más de veinte mil jubilados, así como –afirman– el ingreso indiscriminado de familiares de los trabajadores, con una inflada nómina, entre otras prerrogativas.

Estos beneficios en general no serían tan criticables porque han sido para bien de los trabajadores y empleados, pero no son justificables en el caso de una compañía que ha funcionado con números rojos por años consecutivos. Cabe señalar, sin embargo, que no se puede adjudicar a los trabajadores toda la responsabilidad de la ineficiencia de la empresa, pues eso sería una interpretación simplista que implica exonerar a quienes han mantenido y tolerado administraciones incompetentes a lo largo de décadas. Acabar con la empresa y el sindicato no significa que de la noche a la mañana se vayan a resolver los problemas generados por la insuficiente infraestructura o el equipo obsoleto y otras deficiencias que, en última instancia, se derivan de la política energética gubernamental.

El caso es que la decisión está tomada y puede considerarse plausible y hasta valiente en los momentos por los que atraviesa el país, en el entendido de que se respeten sin excepción tanto los derechos del personal en funciones como de los jubilados, aunque eso no debe hacernos olvidar que miles de mujeres y hombres van a ir a engrosar las filas del desempleo en un momento tan difícil para la mayoría de la población. Pero a la vez pudiera pensarse que la medida era impostergable porque éste es el momento indicado para hacer ajustes dentro del aparato gubernamental y burocrático e ir perfilándolo hacia la productividad y los resultados positivos en cada una de sus instituciones.

Desde luego, es necesario ir a más y no sólo en cuanto a revisar la situación de otros poderosos sindicatos que merman y chantajean a la sociedad, en especial a los que lo hacen bajo la constante de la corrupción, la impunidad y el enriquecimiento ilícito de la élite de sus dirigentes. ¡Basta ya de esas sangrías y barriles sin fondo!

Es preciso, entonces, que simultáneamente el Poder Ejecutivo revise las nóminas y los sueldos de todas las dependencias públicas para buscar la eficiencia y hacer ahorros urgentes y considerables en la administración pública federal. Pero, además, ese espíritu debería llegar a los gobiernos de las diferentes entidades federativas, así como a los poderes Legislativo y Judicial, que gozan de canonjías superlativas e improcedentes, sobre todo ahora que la pobreza lacera a millones de mexicanas y mexicanos. También tendría que abarcar a los partidos políticos, en los que el derroche y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos públicos es ya una constante escandalosa.

En todo caso, habría que verlo como un necesario y sano punto de partida para ir liberando al país de tan pesadas cargas, inútiles e injustificadas.

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