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¡Nunca más! PDF Imprimir E-mail
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La rabia y la tristeza me invaden, como a la mayoría de la población. Sin embargo, debemos tratar de apaciguarnos y analizar estos terribles sucesos.

A unos cuantos días de haberse producido tan nefastos hechos, se han revelado una serie de irregularidades que debemos revisar bajo los más estrictos criterios, a fin de evitar que se repitan acontecimientos como los del 25 de agosto.

Bien sabemos que los permisos para el funcionamiento de estos negocios provienen de la autoridad federal, junto a la aprobación o corresponsabilidad en el ámbito municipal, de tal suerte que al gobierno estatal se le margina indebidamente, además de que con ese esquema se imposibilita la aplicación de medidas jurídicas y controles más estrictos.

También es indispensable ahondar en una mejor organización y coordinación de los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles de gobierno, con énfasis en el rubro de inteligencia policiaca, a fin de aprovechar la información que detenga la ofensiva criminal y dar pasos para comenzar a desmontar mafias y carteles, incluyendo tanto a los sicarios como a los autores intelectuales. Sobre todo, se requiere poner en marcha una contraofensiva que apunte de manera central a combatir la infraestructura financiera de los grupos delincuenciales, para descubrir y abatir sus mecanismos de lavado de dinero.

En materia de protección civil es urgente proceder a una revisión de las normas vigentes y de su aplicación, además de exigir que se nos aclare a cabalidad la información de diferentes fuentes que señala que el casino incendiado carecía de suficientes salidas de emergencia y que las que tenía estaban prácticamente clausuradas. Después del terrible incidente hubo diversos sobrevivientes que testificaron lo anterior, por lo que incluso se ha afirmado que, de no haber existido esas condiciones deficientes, se habrían salvado más vidas.

Por supuesto, los culpables de estos crímenes, los homicidas directos, fueron sin lugar a dudas los perpetradores del incendio y quienes los enviaron a prender fuego al casino. Pero, sin cuestionar ni un ápice ese hecho, también es justo deslindar algunas otras responsabilidades.

Para comenzar, es inaceptable el argumento del abogado de dicho casino en el sentido de que el propietario no tiene responsabilidad en las muertes ocurridas en el interior de esas instalaciones. La postura irresponsable del propietario, aunada a su desaparición –se afirma que ya abandonó el país– es insostenible, rebatible y, aún más, motivo de responsabilidad que debería derivar en enjuiciamiento y castigo a quien resulte responsable dentro de esa propia organización comercial e incluso considerarse la cancelación del permiso del negocio para seguir operando. Por cierto, no estaría de más que se realizara la revisión en términos administrativos, fiscales y de protección civil de todos los casinos que operan en México.

Falta por saber, además, si hubo corrupción en la autorización del funcionamiento de este casino y, sobre todo, si participaron autoridades policiacas en el criminal atentado. Por lo pronto, ya se detuvo a un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, sospechoso de haber colaborado en el operativo montado para incendiar el establecimiento.

Reitero que me invade una profunda tristeza y una gran indignación por estos crímenes, pero eso no me impide hacer un llamado a las autoridades de mi entidad para que no escatimen esfuerzos a fin de encontrar a esos asesinos y darles un castigo ejemplar. Especialmente, expreso mi pésame más profundo por las víctimas y mi solidaridad más activa en favor de las familias de los inocentes ahí sacrificados.

Uno mi voz a la de muchos otros para clamar: ¡Basta! ¡Nunca más!

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