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La oposición a Zelaya tachó su propuesta de antidemocrática y violatoria de los preceptos constitucionales. No faltaron las voces que vincularon al presidente hondureño con el chavismo y el obsesivo afán del mandatario venezolano de permanecer en el poder.
Por supuesto, los grupos económicos más influyentes y los sectores políticos conservadores en ese país reaccionaron y manifestaron públicamente su desacuerdo con la pretendida consulta o referéndum de Zelaya.
El enfrentamiento creció y ya se avizoraba que iría en ascenso cuando las fuerzas militares se negaron a distribuir el material e instalar la infraestructura para la consulta, con el argumento de que la Suprema Corte había dictaminado su improcedencia legal.
A eso se sumaron hechos que generaron grandes tensiones, como la remoción del secretario de la Defensa, que a fin de cuentas nunca aceptó renunciar ni separase del cargo. Asimismo, los partidos de oposición reprobaron a Zelaya y llamaron a votar en contra del cambio constitucional o simplemente a no acudir a las urnas. Su postura era advertir a la ciudadanía de la pretensión presidencial de convertir a Honduras en una dictadura de signo izquierdista para constituirse en un satélite de la órbita del venezolano Hugo Chávez.
No obstante, el mandatario de Honduras mantuvo su decisión y echó a andar los mecanismos para que se realizara la polémica consulta, que debió haberse llevado a cabo el pasado domingo 28 de junio. No ocurrió así porque en la madrugada de ese día se registró el golpe de Estado que derrocó y exilió al presidente Zelaya.
Hasta ahora la situación no se ha clarificado, incluida la dimisión del presidente, a quien en un principio se le quiso adjudicar una supuesta renuncia –en la que a estas alturas nadie cree—, y en el seno del Congreso hondureño se aceptó ya el nombramiento de un nuevo mandatario, lo cual muestra el grado de división, encono e incipiente violencia social que se vive en esa nación centroamericana.
El caso es que el presidente Zelaya fue expulsado por la fuerza del país en un avión con destino a Costa Rica, para sorpresa del propio presidente Arias, quien no sólo recibió al exiliado sino incluso le ofreció su respaldo en una conferencia de prensa ante los corresponsales extranjeros.
Frente al golpe militar, los mandatarios latinoamericanos –y casi toda la comunidad internacional– expresaron su respaldo al legítimo presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y exigieron que se le reinstale en el poder de su país, cargo al que llegó por vía de las urnas.
Por lo pronto, hay represión contra los opositores al golpe y se ha impuesto el toque de queda y la suspensión de garantías individuales, lo que constituye, en la práctica, un estado de sitio. Fuera del territorio hondureño, la mayoría de los presidentes de los países del continente, principalmente los que se agrupan en torno al pacto bolivariano, han demandado que Zelaya regrese a terminar su mandato constitucional. No han faltado, claro, los excesos retóricos (esperamos que se queden en eso) del belicoso Hugo Chávez, quien amenazó con intervenir militarmente en Honduras, en contraste con la mesurada y sorprendente posición del gobierno estadounidense, que se deslindó de los militares hondureños, condenó el uso de la fuerza y pugnó por que se restablezca el orden legal de inmediato y se resuelvan los problemas y las diferencias por la vía del diálogo y el fortalecimiento democrático.
Aun así, es difícil creer que la poderosa potencia del norte pudiera mantenerse al margen, sobre todo si el gobernante venezolano cumple su amenaza.
Quedan, entonces, asuntos que por el momento parecen irresolubles y alargarán las confrontaciones que, deseamos, no sean cruentas y se solucionen con apego a las leyes de la nación hondureña y a los valores democráticos.
En todo caso, lo único de verdad relevante y prioritario es que la sociedad de Honduras se manifieste libremente y decida el presente y el futuro de su patria, en especial lo que deberá ocurrir en las próximas elecciones.
Lo que resulta inadmisible es el uso de las armas, cuando lo que procedía era que los hondureños encontraran vías institucionales para ponerse de acuerdo en la operación de un referéndum que igualmente pudo haberse celebrado después de este año y sin manipulación gubernamental, a fin de que arrojara resultados creíbles.
Las cosas están lejos de solucionarse. Es probable, entonces, que tenga que mediar un organismo internacional o crearse una comisión que asegure neutralidad e instrumente diplomáticamente un acuerdo nacional para la reinstalación del presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya, y la conclusión de su periodo legal en enero próximo. A la vez, deberá convocarse en su momento a las elecciones previstas por la ley, de modo que se evite así la agudización de los enfrentamientos y se eliminen, al menos en el corto plazo, temas tan polémicos como la reelección presidencial.
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Divagaciones de la Manzana 
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