Es cierto, por otra parte, que aún le falta –nos falta– alcanzar una serie de metas, anhelos e ideales.

Pero el cambio se dio y ahora somos definitorias y estamos presentes y activas en la economía, la política, el deporte, el arte, la ciencia, en fin, en todos los campos de la actividad y el saber.

Estos breves comentarios vienen a propósito de un importante encuentro en torno a la mujer, organizado por el gobierno de Estado de México, que se llevó a cabo hace unos días. Participaron con sendas conferencias magistrales Rosario Robles Berlanga, destacada política y ex jefa de gobierno del Distrito Federal; Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y Patricia Olamendi Torres, presidenta de Proyectos de Mujer, A.C. e integrante del Consejo Consultivo de la Mesa Directiva del Fondo de la Naciones Unidas para la Mujer. El propio gobernador, Enrique Peña Nieto, presentó ahí su programa Compromiso con las Mujeres.

En ese acto se dieron a conocer las nuevas reformas legales en materia de equidad de género para garantizar la igualdad y la no violencia hacia las mujeres en la entidad. Estas modificaciones a diversas leyes, que implican logros significativos, fueron posibles gracias a iniciativas que impulsaron tanto el gobierno estatal como la cámara legislativa local, encabezada por el diputado Ernesto Nemer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de México.

En el acto, el gobernador mexiquense felicitó y expresó su reconocimiento a las diputadas y diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso estatal, quienes aprobaron por unanimidad 67 modificaciones al marco legal a 13 ordenamientos para dar lugar a nuevos derechos, “nuevas defensas institucionales por los derechos de la mujer”. Con ellos, dijo el mandatario, se busca protegerlas en los ámbitos civil, penal, administrativo y laboral.

Unas de las reformas pretende erradicar la violencia familiar, al catalogarla como delito que será sancionado con cárcel; además, el agresor será obligado a recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico o de reeducación con perspectiva de género.

Otra de las medidas busca evitar que las víctimas de rapto, violación y violencia sean obligadas a casarse con su agresor. La reforma considera que el rapto se equipara con los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro y violación, según sea el caso. Además, se modificaron las sanciones en el caso de rapto pues se proponen penas de hasta 60 años de cárcel, con lo que se busca evitar el absurdo de que dichos delitos se “reparen” al contraer matrimonio.

Las intervenciones de las ponentes incluyeron reflexiones y propuestas de enorme interés, por lo cual las comentaré con amplitud en mi próxima colaboración.

Por cierto, el mismo día se celebró otra reunión de apoyo a las mujeres, donde la secretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Carolina Monroy, una talentosa y eficaz servidora pública, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Zona Oriente, en el municipio de Chalco.

En fin, que los días más recientes en el Estado de México han sido de mujeres y más mujeres que imprimen un sello indeleble a nuestro quehacer contemporáneo. Ojalá que en el resto de la República se siga este ejemplo.

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