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Una vez definidas las candidaturas a la Presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la opinión pública comienza a dirigir la mirada hacia las candidaturas para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Claro que los ciudadanos también están atentos a la decisión del Partido Acción Nacional (PAN), que sigue con rezagos pues no ha elegido todavía a su candidato presidencial y, de hecho, apenas cerró su registro de precandidatos.
En lo que se refiere a los preparativos para elegir a la máxima autoridad de la ciudad de México, mientras en el PRD y en el PAN abundan los precandidatos, en el PRI parece que la única persona con nivel competitivo es Beatriz Paredes, una de las más notorias y notables militantes del tricolor.
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La legislación vigente para regular las elecciones presidenciales del 2012, sobre todo en lo que se refiere a los tiempos que marcan el desarrollo de las campañas, ha quedado desvanecida por la precipitación de los propios partidos y sus respectivos candidatos o precandidatos.
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La noticia circuló veloz y contundente por todo el mundo: ¡Somos ya siete mil millones de seres humanos!
Luego de enterarnos de tan apabullante cifra nos vinieron a la cabeza una serie de preguntas que deberíamos contestar juntos y que bien podrían resumirse en una duda central: ¿Qué sigue?
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Al fin fue derrocado uno de los tiranos más crueles, que desde el siglo anterior se perpetuó en el poder y que había pasado a encabezar la lista de los dictadores más repudiados del mundo, no solo por sus asesinatos, torturas y, en general, la represión sangrienta del pueblo libio. Además, por su conducta hacia el exterior de ese país del norte de África, donde prevaleció por medio de amenazas, chantajes y financiamiento del terrorismo internacional en otros países.
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En diversos foros he sostenido que si bien corresponde al Estado mexicano la responsabilidad básica de nuestro desarrollo cultural; es decir, la garantía de que se abran espacios institucionales para ofrecer a la población en su conjunto bienes y servicios culturales, eso no significa que los sectores social y privado queden exentos de contribuir y apuntalar tareas tan prioritarias y trascendentes.
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